Es una realidad que en nuestra vida cotidiana actual, el uso de las tecnologías y las redes digitales están mayormente inmersas en cada una de nuestras actividades, dando por hecho que prácticamente estamos gran parte del día en la red. Estamos interactuando con nuestros perfiles en redes sociales, utilizamos plataformas para vender o comprar productos y servicios, realizamos transacciones bancarias, compartimos y recibimos información, y hasta nos mantenemos comunicados con las personas de nuestros círculos sociales.
Por tal motivo, hoy más que nunca México necesita mecanismos que salvaguarden los derechos de todas las personas que utilizan estas plataformas, garantizando en todo momento su seguridad mientras navegan en el ciberespacio.
El tema de la ciberseguridad es un asunto que ha ido avanzando a pasos agigantados en materia legislativa en muchos países que son potencia a nivel mundial, pero desgraciadamente en nuestro país aún estamos en una faceta de desarrollo.
Hay que afrontar un hecho lamentable, México presenta serios problemas en ciberseguridad. Es tal la magnitud del problema, que nuestra nación encabeza una lista conformada por varios países sobre debilidad en seguridad cibernética. Solamente durante el año 2019 se registraron 9.54 ciberataques por segundo, convirtiéndose esta cifra en más de 13.7 millones al día, otorgándole a México la tasa más alta en ciberataques a nivel mundial.
Esto quiere decir que las empresas del sector privado, las instituciones del Estado y la población en general están en un constante riesgo de ser hackeadas en sus redes, en sus bases de datos y hasta en sus cuentas bancarias. Esto pone en grave peligro la misma funcionalidad y dinámica de trabajo de muchas organizaciones.
Los primeros pasos de la legislatura en ciberseguridad en México llegaron a finales del siglo pasado. En mayo del lejano año de 1999, se trabajó en una tipificación de delitos en el Código Penal Federal, donde los legisladores reformaron la ley añadiendo un capítulo específico que tomaba en cuenta como actos ilícitos el acceder sin consentimiento o hacer mal uso de sistemas y equipos informáticos.
A partir de ese momento, la ciberseguridad entró al debate público, pero las leyes han ido avanzando de manera pausada y lenta, sin grandes repercusiones a largo plazo.
Pero ahora el 1ero de septiembre del año 2020, el Senador Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para expedir una ley que regule debidamente la seguridad en el ciberespacio; esta ley pretende denominarse como Ley General de Ciberseguridad.
Pretende hacer modificaciones en algunos artículos al Código Penal Federal y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, para que tanto las regulaciones en materia de seguridad informática como los delitos cibernéticos que se presenten, sean normados y sancionados ya por una nueva ley.
También busca incluir un capítulo especial donde hable de la Infraestructura Informática Crítica. Esta será la que comprenda toda la infraestructura de la información en posesión de entidades estatales de cualquier nivel (federal, estatal, municipal), la cual se pretende salvaguardar y proteger con sanciones para quienes intenten sabotear o hayan saboteado estas redes.
El objetivo primordial de la Ley General de Ciberseguridad es proteger a todas las instituciones del estado, las empresas del sector privado y a la población en general de los ciberataques a través de una instrumentación de acciones que permitan prevenir y sancionar actos perpetrados por la ciberdelincuencia.
Es toda actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de tecnologías. Los responsables pueden ser desde personas aisladas de forma individual, hasta grupos organizados, o incluso facciones con patrocinio estatal.
Este tipo de delincuencia se centra en mecanismos o técnicas de ciberataques como phishing o el malware para sabotear sistemas, redes o depositar virus en dispositivos a través de correos electrónico para sustraer información personal.
Ahora bien, la ciudadanía tiene que hacer frente a la ciberdelinciencia a la par del avance en la legislatura. Porque el problema de la ciberseguridad no solo se atiende desde las leyes, sino que también se tiene que afrontar con el desarrollo de una cultura de prevención del delito, que conforme una serie de hábitos y buenas prácticas para la navegación en el ciberespacio.
Desde el enfoque empresarial, las grandes compañías y negocios de todo tipo tienen la responsabilidad de invertir en la protección de sus sistemas informáticos y bases de datos para garantizar seguridad a la misma organización, a sus colaboradores y a sus clientes. También es fundamental que las empresas puedan capacitar a su personal en temas sobre ciberseguridad para tener colaboradores preparados para hacer frente a cualquier tipo de riesgo de esta categoría.
Desde la familia y las personas en su individualidad se tendrá que comenzar a estar más informado sobre asuntos tecnológicos para comenzar a adoptar una cultura propia de ciberseguridad desde casa. Estos hábitos preventivos pueden ir desde candados de control parental, protecciones y restricciones al ejecutar transacciones, hasta la generación de códigos y manuales para un uso correcto de la información en internet.
En Defend Abogados ® invitamos a la ciudadanía en general a estar al pendiente de las resoluciones y a la evolución de la iniciativa de la Ley General de Ciberseguridad, ya que es un tema que repercute en cualquier espacio de la vida cotidiana. También hacemos el exhorto a que día con día se avance con pasos más firmes encaminados al desarrollo de una cultura con hábitos sanos y responsables del uso de las tecnologías de la información.
Si te interesan otros análisis jurídicos te invitamos a ver y escuchar el contenido de nuestro canal en YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCh2Jxz81RxWfMI9Fley90hw
Comprometidos con:
©2021 Defend® Abogados. Todos los Derechos Reservados.
Diseño y Desarrollo Web por: Genotipo®
English
